Los caminos rurales, dada su configuración histórica, no están preparados para la velocidad y el tipo de conducción que se utiliza en las últimas décadas, con el consiguiente peligro para la seguridad vial. Este hecho conlleva la adopción de una serie de acciones por parte de las Administraciones Públicas –cubrición de acequias, nuevos trazados viarios más anchos, rectilíneos, etcétera- que disminuyen la siniestralidad, pero que suponen la ruptura del paisaje tradicional de la huerta, la pérdida de eficiencia hídrica, y facilitan los hurtos en los campos.
Para resolver esta situación, algunos Ayuntamientos han optado por el cierre, a determinadas horas, de los caminos de su municipio y la limitación del acceso de vehículos motorizados. Pero estas medidas municipales son siempre parciales. Para atajar de manera estructural la situación, es necesario configurar una red de transporte público comarcal realmente eficaz, de modo que la opción del transporte privado sea minoritaria, y así la huerta quede protegida de los peligros y amenazas que conlleva esta situación.
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